Hay 27 oficinas estatales que omiten publicar sus compras

Existen a la fecha 27 organismos del Estado que permanecen omisos en su obligación de realizar la publicación correspondiente en la página web de compras estatales. En esta situación se encuentran el Poder Legislativo, seis gobiernos departamentales, el Inau y Asse.

Las reglas son para romperlas, afirma el dicho popular. Y hay quienes se lo toman en serio. Tal es el caso del Poder Legislativo (Cámara de Senadores y Cámara de Diputados), los gobiernos departamentales de Montevideo, Treinta y Tres, Soriano, Rocha, Río Negro y Flores; el Inau y Asse.

Así lo denuncia en su memoria anual 2009 la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep). En el documento de más de 100 páginas al que accedió Ultimas Noticias se señala que de la información remitida por el Área de Compras Estatales se desprende que 27 Unidades Ejecutoras no realizan las publicaciones de las compras y adjudicaciones en la página web correspondiente (www.comprasestatales.gub.uy).

Entre las Unidades que sólo publican los llamados y no las adjudicaciones figuran el Hospital Maciel y los de Canelones, Colonia, Lavalleja, Paysandú, Rivera, San José, Cardona, Dolores, Lazcano, Nueva Helvecia, Rosario, Tala y Chuy, además del Centro de Información de la Red de Drogas.

Más aún son las que no realizan ninguna publicación: el hospital Pereira Rossell, Reumatología y los hospitales de Río Negro, Aiguá, Cerro Chato, José Batlle y Ordóñez. Mina de Corrales, Río Branco, San Carlos, San Gregorio de Polanco, Sarandi Grande y Sarandí del Yi.

Fue un decreto del 3 de noviembre de 2004, bajo la Presidencia de Jorge Batlle, el que cometió a la Jutep a verificar la difusión que deben realizar todos los organismos públicos comprendidos en el artículo 2 del Tocaf, respecto a los actos de adjudicación de las licitaciones públicas y abreviadas, de contrataciones directas en régimen de excepción, sus ampliaciones y los actos de reiteración del gasto por observación del Tribunal de Cuentas. Y se dispuso que esta publicación se realizara online. Sin embargo, nada se estableció entonces respecto al Poder Legislativo y los Gobiernos Departamentales.

Desde entonces la Junta tomó contacto con el Área de Compras y Contrataciones Estatales de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), respon- sable de la gestión de la referida página web. Esa oficina informó que gran parte de los organismos sólo cumplían parcialmente con la obligación.

Ante esta situación de incumplimiento, se elevó en 2007 un informe al entonces presidente Tabaré Vázquez quien, en Consejo de Ministros, resolvió el 28 de mayo de ese año dictar un nuevo decreto reiterando la responsabilidad legal de los organismos señalados de dar publicidad a las adquisiciones de bienes y compras de servicios estatales en sus diversas formas e incorporó al Poder Legislativo y los Gobiernos Departamentales.

En su informe, la ex Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado remarcó que en el transcurso del ejercicio 2009 se incorporaron además como organismos que deben cumplir con la normativa vigente las intendencias municipales de Artigas, Maldonado y Rivera y la aerolínea de bandera uruguaya Pluna.

Con el objetivo de modificar estas situaciones y “hacer más transparentes los controles”, se dispuso en el último tiempo la apertura de un nuevo ítem en el menú principal de la página web de esta oficina, denominado “incumplimientos”. Allí se da cuenta de la nómina de funcionarios y organismos en situación de inobservancia con respecto a la normativa que debe fiscalizar la Junta.

Sin embargo, los jerarcas del organismo (Beatriz Pereira, Adolfo Pérez Piera y Carlos Soares de Lima) resaltaron la carencia de personal para llevar adelante esta y otras tareas de control de la Junta. Sostienen que persisten los problemas denunciados en 2006 y reiterados en las últimas rendiciones de cuentas. “La Junta continúa con un equipo reducido -11 personas- y sin un soporte profesional suficiente en el área jurídica”.

Doce expedientes judiciales analizados en 2009

Dentro de la competencia de la Junta de Transparencia y Ética Pública figura el asesoramiento a la Justicia Penal respecto de delitos contra la Administración Pública y contra la Economía y Hacienda Pública, imputables a los funcionarios del Estado. El dictamen del organismo puede ser solicitado por el juez o el fiscal del caso.

Durante 2009, la Junta se pronunció en 12 expedientes que le fueron remitidos. Entre ellos se encuentra el expediente de la denuncia presentada por el ex senador nacionalista Julio Lara contra el ex vicepresidente Rodolfo Nin Novoa y su hermano Gonzalo Nin Novoa, tramitado ante el juzgado penal de Fanny Canessa y sobre el que la Junta se pronunció el 10 de febrero del año pasado.

Otro de los expedientes analizados refiere a una denuncia contra dos ediles de la Junta Departamental de Canelones, tramitado ante el juzgado letrado de Primera Instancia en lo Penal de 1° turno de ese departamento.

También se analizó la denuncia que presentó el abogado penalista Gustavo Salle y la firma Conatel (que representa a Siemens en Uruguay) ante el Juzgado Especializado en Crimen Organizado de 1° Turno, a cargo de la jueza Graciela Gatti, por irregularidades en la asignación de la licitación para compra de equipamiento para el Centro de Imagenología Molecular (Cudim), a la firma General Electric.

El resto de los expedientes penales refieren a funcionarios de Juntas Departamentales y de dependencias de la Dirección Nacional de Aduanas.

Por otra parte, durante 2009 la Junta procedió a la apertura de 45 declaraciones juradas: 27 por disposición de la Justicia Penal y 18 a solicitud de los propios declarantes.

Modificación de delitos

La Junta de Transparencia y Ética Pública elaboró un anteproyecto que modifica y amplía la Ley 17.060 por la que fue creada en 1998. En el documento, que se elevará en los próximos días al presidente José Mujica se plantea la modificación de algunos tipos delictivos y la incorporación de nuevas figuras. Se propone ampliar y precisar la redacción del delito de "Soborno trasnacional", que prevé una pena de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría. También se replantea la figura del "Enriquecimiento ilícito", que se considera un "instrumento interesante" para prevenir y detectar situaciones irregulares en el patrimonio de los funcionarios públicos.


Ultimas Noticias, 23 de abril de 2010